Desde el mes de octubre de 2017, Acció Solidària Contra l’Atur forma parte como Entidad promotora  de la Plataforma Església pel treball decent, de la que también forman parte: Càritas, Delegació Pastoral Social, Mans Unides, SEDASE (Seminari de Doctrina i Acció Social de l’Església), URC (Unió de Religiosos de Catalunya) i amb el suport de Cristianisme i Justícia, Religiosos i Religioses en barris obrers i populars, Col·lectiu de Capellans Obrers, i Delegació Diocesana de Pastoral Social-Secretariat Diocesà pels marginats.

En todo el mundo, el paro, la subocupación, y el trabajo precario tienen un gran impacto negativo en la vida de millones de trabajadoras y trabajadores y sus familias, agravando la pobreza y la exclusión social.

En este contexto, es necesario reiterar que el trabajo es un derecho fundamental de toda persona, vinculado a la dignidad humana. El trabajo no es sólo una fuente de ingresos, sino que es un bien para la persona.

Consideramos una exigencia ética irrenunciable lo respecto de los derechos de los trabajadores, que se fundamentan en la naturaleza de la persona humana y en su dignidad trascendente: remuneración justa, descanso, seguridad y salud, integridad moral, adecuada protección social para la vejez, la enfermedad, el accidente y el paro, reunión, asociación, huelga y negociación colectiva. Es por todo esto que reivindicamos:

  • Una sociedad que tenga como objetivo prioritario un trabajo decente para todo el mundo, que facilite la autonomía y la disponibilidad de recursos suficientes para la materialización de los proyectos de vida individual y familiar.
  • Una valoración de la ocupación tanto desde el punto de vista cuantitativo como cualitativo, porque ambas perspectivas son igualmente importantes para poder garantizar el bienestar y el desarrollo de las personas.
  • Una recuperación económica acompañada por la creación de ocupación suficiente que reduzca la tasa de paro de forma rápida y sostenida hasta niveles anteriores a los de los inicios de la crisis y, incluso, inferiores.
  • Una mejora de la protección social que disminuya al máximo posible el número de personas sin ningún tipo de cobertura, sobre todo de aquellas que han perdido la ocupación y los cuesta reincorporarse al mercado de trabajo, evitando que formen parte de una pobreza y exclusión social que se presentan como estructurales.