La gran mayoría de los ciudadanos reconocen que la sanidad pública tiene un elevado nivel de calidad, a pesar de los recortes debidos a la crisis. Esto sólo es posible gracias a la motivación y esfuerzo del personal sanitario.
Una de los muchos indicadores que permiten medir la bondad de un sistema sanitario es la expectativa de vida. España tiene uno de los más altos del mundo, 81 años para los hombres y 87 para las mujeres.
Disponemos de una sanidad pública excelente con un coste bajo, pero el sistema ya ha empezado a chirriar por la falta de recursos. España destina a la sanidad un 9% del PIB, del que la sanidad pública supone el 6,3%. El coste es uno de los más bajos de los países europeos avanzados que están por encima del 11% del PIB.
Uno de los problemas es que el gasto sanitario evoluciona más rápidamente que el crecimiento del PIB. Como causas destacan el envejecimiento de la población, el encarecimiento de los nuevos equipamientos médicos y fármacos, la aparición de enfermedades complejas, la remuneración digno del personal sanitario y la modernización de los centros sanitarios.
Preocupa saber cómo se podrá sostener un sistema sanitario público universal de calidad. Esta preocupación es extensible a la sostenibilidad de todo el sistema de bienestar: educación, salud, pensiones y vivienda, que son los pilares básicos y que suponen el 57% del presupuesto. En el caso de las pensiones, el no haber anticipado buscar soluciones hace que el año 2018 ha habido un déficit de 18.000 millones de euros. El Estado de Bienestar tiene por objetivo conseguir que todos los ciudadanos tengan un nivel de vida digno. Es la mejor herramienta para corregir las desigualdades, lo que facilita la estabilidad política y la cohesión social.
Dada la limitación de recursos económicos, corresponde a la sociedad decidir sobre el modelo de Estado de Bienestar que quiere, los límites que se establecerán y cómo se debe financiar. Esta decisión va estrechamente ligada al debate sobre cuál es el nivel de presión fiscal necesario para garantizar unos servicios públicos universales de calidad. Actualmente la presión fiscal en España está en un 7% por debajo de la media europea, lo que supone unos 80.000 millones de euros menos de ingresos. Son decisiones de gran trascendencia que exige un profundo debate y considerar los aspectos médicos, pero también los éticos, sociales y económicos.
La pregunta es: ¿Cómo garantizar un moderno estado de bienestar, en un mundo global, en el que hay una creciente desigualdad económica y social, y en el que el bienestar de los ciudadanos está supeditado al beneficio económico? Es uno de los retos al que la sociedad debe dar respuesta.
Francesc Raventós
Ex decano del Colegio de Economistas de Catalunya
Artículo publicado en La Vanguardia el 17/03/2019.